Estamos viviendo días de recesión
económica, la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial y, aunque muchos ya
lo puedan adivinar, esto está provocando un empobrecimiento paulatino de todos
los estratos sociales y en consecuencia causando un impacto en la criminalidad.
Veamos que tiene que decir la ciencia criminológica al respecto.
En primer lugar se ha de tener en
cuenta que los niveles de desigualdad representan uno de los factores más
importantes asociados a las tasas de criminalidad en las ciudades. En su
mayoría, los estudios que encontramos al respecto han puesto en relieve la gran
relación de causa-efecto que hay entre los niveles de desigualdad económica y
los delitos contra la propiedad. Éstos determinan que los delitos contra la
propiedad aumentan durante las recesiones económicas y disminuyen a la par que
la economía mejora. Hasta aquí todo correcto. Los datos solo nos muestran lo
que el mundo, sin ser docto en nada, puede llegar a intuir. Pero hay una serie de matizaciones y
otro tipo de efectos que deben explicarse.
Existe una serie de grupos
vulnerables a los que el mercado laboral trata con más virulencia, hablamos de
las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes, en base
a diferentes análisis se cree que si la recesión continúa se producirá un
aumento de la victimización. Ya a día de hoy podríamos casi adivinar
una victimización generalizada de casi todas las categorías sociales.
Analizando el factor femenino se observa la posibilidad que las tasas de homicidios de
mujeres pueden aumentar con el desempleo. Hay algunas pruebas que lo evidencian
de la forma siguiente. El desempleo es motivo de ansiedad y crispación motivo
por el cual se puede incrementar la facilidad de que surja mas violencia doméstica a la que ya existe, pero además que las
mujeres se vuelvan económicamente dependientes del marido puede hacer aumentar
su exposición a dicha violencia. Ejemplo de esta posible tendencia lo da el informe elaborado por
Reino Unido en el 2009 donde se observa un ligero aumento de la violencia
doméstica en el último año.
Del mismo modo se prevé que la crisis económica también habilite más oportunidades para la delincuencia organizada. Los inmigrantes, sobretodo
los indocumentados, al estar en mayores situaciones de precariedad, se
convierten potencialmente en carne de cañón para su explotación tanto laboral
como sexual, siendo a su vez mujeres y niños, los más vulnerables a
ser víctimas de tráfico humano. De igual manera las organizaciones criminales pueden encontrar con mas facilidad peones en todo el perímetro nacional de entre los jóvenes en riesgo de exclusión, que no tienen más futuro que el ofrecido desde cualquier mafia sin escrúpulos que usa la miseria como una fuente de enriquecimiento más.
Los últimos datos oficiales (Noviembre del 2012) por
parte del Ministerio del Interior reflejan un descenso de los delitos y faltas
del 1,6%, dato que no nos ha de extrañar ya que la delincuencia en nuestro país tiende
a mantenerse/disminuir cada año, pese a que la información basura de los medios de
comunicación haga percibir lo contrario. Pero corroborando lo expuesto aquí,
los datos también reflejan que, pese a existir menos delitos, se ha producido
un aumento considerable (24,5%) de los
robos con fuerza en el domicilio.
La solución a este problema la
vienen exponiendo múltiples organismos internacionales al demandar que se
aumenten los mecanismos de protección social, de creación de empleo y de adquisición
de habilidades y formación. Ya en 2010 se decía desde el Informe Internacional
de la Prevención haciendo un llamamiento a los países para que llevasen a cabo
estrategias de prevención del delito que permitieran evitar la necesidad de
llevar a cabo las costosas intervenciones de justicia penal. Es fundamental
centrarse en fortalecer la prevención del delito y la protección social, así
como el apoyo específico a los grupos vulnerables. Medidas para ayudar
económicamente, planes para
obtener un empleo seguro y medidas preventivas en las zonas de la ciudad con alta
criminalidad son las únicas que pueden aumentar la capacidad de recuperación de
las comunidades e individuos. Propuestas y medidas criminológicas que son
abatidas con la letal indiferencia de los poderes públicos, de éste y resto de países; provocando el mantenimiento de una constante y prologada decadencia de la
que no será fácil salir.